Por: Ana Sofía Rodríguez Ramos (Periodista UIP)
El 76% de las personas privadas de la libertad en Colombia que se encuentran en un establecimiento de reclusión de orden nacional, ingresó a una cárcel sin haber terminado el bachillerato, y el 1,3% ingresó teniendo una carrera universitaria, según el último informe de 2022 entregado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia INPEC.
La población privada de la libertad en Colombia es de 197.642 personas, de ellas 171.335 están a cargo del INPEC; la cantidad restante está a cargo de entidades territoriales.
Del total de la población a cargo del INPEC 97.860 están en un establecimiento de reclusión intramural manejado por el INPEC, el porcentaje restante se divide entre individuos en prisión domiciliaría y con vigilancia electrónica.
Al hablar netamente de los individuos en un establecimiento de reclusión se evidencia cómo, aunque el 63,9% haya cursado algún grado de la educación media (de grado 6° a grado 11°) solo un 20,1% de la población privada de la libertad tiene título de bachiller.
Vale la pena aclarar que, el 20% ha llegado hasta 5° y el 12,1% tiene como nivel de escolaridad el ciclo 1 de primaria, es decir grados 1°, 2° y 3°.
El porcentaje de población iletrada es de 4.1%, lo cual muestra que la cantidad de personas en este grupo es mayor a la cantidad de personas que han accedido a la educación superior, incluyendo programas técnicos, tecnólogos, profesionales y especializaciones, las cuales suman el 3,9% del total de reclusos.
Al ver la diferencia en el nivel de escolaridad que presentan quienes han incurrido en una conducta delictiva y por ende están en un centro de reclusión, surge la pregunta ¿Hay alguna relación directa que vincule la falta de educación, o de acceso a ella, y las acciones de criminalidad? Pues según el economista Lance Lochner, la relación entre educación y delincuencia se da debido a que la formación académica aumenta los niveles de capital humano y los salarios, desincentivando así el comportamiento criminal.
En el artículo 5 del decreto 1242 de 1993, donde se establece la estructura interna del INPEC, se declara que esta entidad tiene como uno de sus objetivos diseñar y ejecutar programas de resocialización, rehabilitación y reinserción a la sociedad para los reclusos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios. De acuerdo con el Código Penitenciario y Carcelario: “La pena tiene una función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización del delincuente” Ley 65 de 1993, Artículo 9º y 10º.
Para lograr la resocialización dentro de los centros penitenciarios se establecen estrategias como la posibilidad de cursar la primaria o bachillerato, e incluso realizar cursos con el SENA, funciona de tal manera que se reduce un día de condena por cada 12 horas de estudio, teniendo en cuenta que se pueden hacer máximo 6 horas al día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de Código Penitenciario y Carcelario.
El beneficio mencionado es voluntario y según el último informe del 2022 entregado por el INPEC, 42,02% de la población intramural se acogió a esta medida.
Desde el 2014 la cifra de personas que realizan actividades de estudio se ha mantenido constante con un promedio de 44.024 personas al finalizar cada año, teniendo su punto más alto en 2019 con 48.953 beneficiados y su punto más bajo en 2021, con 35.735; reducción que va de la mano con el descenso en el número de reclusos que tuvo lugar en el 2020 debido a las medidas tomadas por la COVID-19.
El fin de estos programas de educación es contribuir al proceso de reinserción social; entendiendo que, la accesibilidad a la educación formal, tanto dentro de las cárceles como fuera de ellas, puede representar una mejora en los índices de criminalidad en el país, pues como Lochner lo explica: las políticas educativas y otros mecanismos de formación pueden generar mayor capital humano que provocará la reducción en los niveles de delincuencia. De esta manera no solo disminuir el índice de reincidencia, sino también disminuir los costos que conlleva la manutención de estos reclusos al volver a ingresar a algún centro penitenciario.
Ana Sofía Rodríguez Ramos
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